Leire Díez y Vicente Fernández diseñaron una operación para recalificar suelos públicos del Ministerio de Defensa y ADIF. El plan incluía financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y fondos Next Generation. Se previó la venta de terrenos a un promotor madrileño clave. La investigación revela reuniones, anotaciones manuscritas y vínculos políticos que afectan la transparencia en la gestión del suelo estatal.
¿Qué terrenos públicos estaban involucrados en la operación?
Los terrenos objeto de la trama pertenecían al Ministerio de Defensa y a ADIF. Eran suelos no urbanizables, con potencial para transformación residencial. La recalificación requería cambios normativos y autorizaciones administrativas previas.
El rol de la SEPI y el ICO
Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, actuó como intermediario técnico. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aparece como financiador principal. Esto implica una posible afectación de recursos públicos con garantía estatal.
¿Cómo se vinculaba Leonardo Sánchez-Heredero al plan?
El promotor aparece en tres anotaciones de la libreta intervenida a Díez. Leire Díez lo califica como la 236º mayor fortuna de España. Sus empresas —Inypsa, Parcesa y Grupo Inmobiliario Delta— tienen historial en grandes operaciones urbanísticas en Madrid.
Alcobendas como eje estratégico
Díez señala que Alcobendas es un “eje de negocio”. Relaciona a Sánchez-Heredero con Rafael Sánchez Acera, exalcalde de la localidad y hermano de Pilar Sánchez Acera, figura del PSOE madrileño investigada en otro caso. La cercanía política facilitaba trámites de adquisición y financiación.
¿Qué papel tuvieron los fondos Next Generation en la operación?
Los documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) indican que se previó la inyección de fondos Next Generation. Estos recursos están destinados a transformación verde y digital, no a operaciones inmobiliarias especulativas. Su uso en este contexto plantea riesgos legales y de compatibilidad con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Marco legal aplicable
La Ley del Suelo (TRLRS) exige transparencia en la recalificación de terrenos públicos. El Real Decreto-Ley 2/2023 prohíbe la financiación pública de operaciones que no garanticen vivienda asequible. El uso de fondos europeos exige informes de sostenibilidad y evaluación de impacto social.
¿Cuál es el impacto económico y ético de esta trama?
La operación pone en riesgo la integridad del patrimonio público. Cada hectárea recalificada puede generar plusvalías superiores a 5 millones de euros. La participación de actores con cargos públicos anteriores activa el régimen de incompatibilidades post-laborales (Ley 53/1984). Además, el uso de datos privados filtrados —vinculado al caso García Ortiz— agrava la gravedad ética.
Datos Clave
- La UCO intervino una libreta con anotaciones manuscritas de Leire Díez.
- Se planificó la recalificación de suelos del Ministerio de Defensa y ADIF.
- El ICO y fondos Next Generation aparecen como fuentes de financiación.
- Leonardo Sánchez-Heredero fue identificado como socio clave en tres registros.
- Las reuniones entre Fernández y el promotor estaban programadas para enero de 2025.
- El caso se cruza con la investigación por filtración de datos del exfiscal Álvaro García Ortiz.
La trama no es un caso aislado. Refleja tensiones reales en la gestión del suelo público: presión urbanística, debilidad en los controles de transparencia administrativa, y riesgos de captura regulatoria. Desde el punto de vista económico, implica una posible desviación de fondos europeos con fines no alineados al PRTR. Desde lo legal, activa múltiples normas: la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley de Transparencia y el Reglamento de Gestión de Fondos Europeos. Su resolución afectará la credibilidad de los mecanismos de control de la actividad inmobiliaria con participación estatal.
