David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, declaró brevemente ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Su comparecencia duró menos de 15 minutos. No aclaró cómo obtuvo el cargo de coordinador de conservatorios en 2017. La acusación popular exige hasta 3 años de cárcel. El caso gira en torno a dos posibles delitos: tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía no acusa. El tribunal no obtuvo respuestas sustanciales sobre el proceso administrativo.
¿Qué se investiga exactamente en el caso de David Sánchez?
Se investiga si hubo intervención indebida en la selección de David Sánchez para un puesto directivo en la Diputación de Badajoz. El cargo fue creado en mayo de 2017. Su nombramiento se produjo antes de que Pedro Sánchez fuera ratificado como secretario general del PSOE en junio de ese año. Sin embargo, correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) revelaron intercambios sospechosos entre altos cargos de la institución.
El rol del ex presidente de la Diputación
Miguel Ángel Gallardo, exdirigente socialista y expresidente de la Diputación, negó conocer la identidad de David Sánchez al inicio del proceso. Aseguró que no hubo irregularidades. Sin embargo, testigos como una aspirante excluida describieron fallos en la transparencia del procedimiento. No se publicó convocatoria formal. No hubo baremo público de valoración.
¿Qué dice la investigación de la UCO?
La UCO revisó miles de correos electrónicos internos de la Diputación de Badajoz. Encontró mensajes que sugieren coordinación previa al anuncio oficial del puesto. Algunos correos aluden a “la persona indicada” y “perfil acordado”. No se identificó al candidato por nombre, pero sí por trayectoria artística y vinculación familiar. La UCO concluyó que el proceso careció de publicidad, concurrencia y objetividad, requisitos esenciales en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
La estrategia defensiva
El abogado Emilio Cortés evitó contestar a la acusación popular y a la Fiscalía. Solo formuló preguntas genéricas a su cliente. Ninguna abordó el procedimiento de selección, el perfil exigido, ni la ausencia de convocatoria pública. Esta postura limitó la capacidad del tribunal de reconstruir los hechos. El magistrado José Antonio Patrocinio presidió la vista sin poder obtener elementos probatorios clave.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
El caso se enmarca en el Código Penal español, especialmente en los artículos 428 (tráfico de influencias) y 404 (prevaricación). También incumple la Ley 39/2015 sobre el Procedimiento Administrativo Común. Esta exige transparencia, motivación y publicidad en la provisión de puestos de libre designación. La Diputación de Badajoz no cumplió con el deber de publicar la vacante en el Boletín Oficial de la Provincia, ni justificó la exclusión de méritos objetivos.
Impacto económico y reputacional
El cargo de coordinador de conservatorios tenía una retribución anual estimada de 42.000 €. Aunque el puesto no era de alta responsabilidad presupuestaria, su designación afectó la credibilidad institucional. El caso ha generado críticas en medios y redes sociales. Ha reavivado el debate sobre el uso de puestos de libre designación para favorecer cercanos políticos. El PSOE ha rechazado cualquier irregularidad, pero no ha aportado documentación pública que respalde su postura.
¿Qué revela este caso sobre la gobernanza local?
El caso expone brechas reales en los controles de ética pública y rendición de cuentas en administraciones provinciales. La falta de auditoría previa al nombramiento permitió que un cargo sin convocatoria abierta se otorgara sin evaluación técnica. Esto debilita la confianza ciudadana. Además, evidencia la vulnerabilidad de los mecanismos de control interno ante figuras con influencia política directa.
Datos Clave
- El nombramiento se produjo en mayo de 2017, sin convocatoria pública ni baremo evaluativo.
- La UCO analizó más de 12.000 correos electrónicos y detectó mensajes con lenguaje sugestivo de preselección.
- La acusación popular incluye a Vox, HazteOír, Manos Limpias e Iustitia Europa.
- El tribunal no recibió pruebas documentales ni testimonios que expliquen la idoneidad técnica del nombrado.
- El cargo estaba clasificado como de libre designación, pero su creación y provisión vulneraron la Ley 39/2015.
- El magistrado José Antonio Patrocinio preside un tribunal que aún no ha emitido auto de procesamiento.
