En abril de 2023, jugadoras del Alhama CF denunciaron públicamente un patrón sistemático de acoso psicológico, violación de la intimidad y conducta sexual inapropiada por parte de su entrenador, Randri García. La sentencia judicial de 2026 confirma los hechos y condena al entrenador, a su esposa Tamara Ruiz —actual presidenta del club— y al Alhama CF. Las víctimas recibieron una indemnización económica tras demostrar un entorno laboral tóxico y discriminatorio.
¿Qué conductas fueron acreditadas judicialmente en el caso Alhama CF?
La jueza ratificó que Randri García ejerció un trato humillante y vejatorio constante. Usó expresiones ofensivas centradas en la apariencia física y la identidad de género. Citó frases como “estáis gordas”, “no podéis correr porque el culo os pesa” y “habéis llegado a Primera división por ser mujeres y chupar pollas”. Estas declaraciones no fueron aisladas: formaron parte de una estrategia de control y desgaste psicológico.
Entrada no autorizada en vestuarios y difusión de imágenes íntimas
El entrenador accedía al vestuario mientras las jugadoras se duchaban. Esto violó directamente el derecho a la intimidad y el principio de dignidad laboral. Además, envió por WhatsApp una fotografía de desnudos de miembros del equipo técnico a toda la plantilla. La imagen fue distribuida mediante una lista de difusión desde su móvil personal.
¿Cómo afectó este caso al ecosistema del fútbol femenino español?
El caso Alhama CF no es aislado. Revela fallos estructurales en la supervisión de entornos laborales en clubes amateurs y semiprofesionales. En 2025, la RFEF reportó un 42 % de aumento en denuncias por acoso en categorías femeninas. Sin embargo, menos del 15 % llegaron a resolución judicial. La lentitud procesal y la falta de protocolos internos favorecen la impunidad.
Impacto económico y responsabilidad institucional
El Alhama CF fue condenado a pagar una multa económica conjunta con Randri García y Tamara Ruiz. Esto marca un precedente: los clubes ya no pueden evadir responsabilidad por actos de sus directivos. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Estatuto de los Trabajadores fueron invocados para exigir responsabilidad solidaria.
¿Qué dice la sentencia sobre la participación de Tamara Ruiz?
Tamara Ruiz, esposa del entrenador y presidenta del club, fue declarada coautora por omisión y complicidad. La sentencia señala que conocía los hechos y no actuó. Su rol institucional no fue de protección, sino de normalización del abuso. Esto refuerza la obligación de los cargos directivos de activar protocolos de prevención del acoso bajo la Ley 10/2022 de medidas contra la violencia laboral.
Datos Clave
- El 68 % de las jugadoras calificó el comportamiento de Randri García como inadecuado.
- El 80 % de la plantilla declaró haber presenciado o sufrido insultos basados en género o peso corporal.
- La imagen sexual fue enviada a toda la plantilla mediante una lista de WhatsApp desde el móvil del entrenador.
- La sentencia vincula el acoso con la violación del artículo 18 de la Constitución (derecho a la intimidad) y el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores (dignidad en el trabajo).
- El Alhama CF es el primer club en España condenado por responsabilidad solidaria en acoso sexual y psicológico en fútbol femenino.
¿Qué marco legal protege a las futbolistas en entornos profesionales?
La protección no depende solo de la RFEF. Aplica el Código Penal (artículos 173 y 184 sobre agresión sexual y acoso), la Ley de Igualdad y la Directiva Europea 2023/1425, que obliga a los Estados miembros a implementar mecanismos de denuncia accesibles. En España, el Real Decreto 901/2020 exige a empresas con más de 50 trabajadores contar con un plan de igualdad con protocolo de acoso. Aunque el Alhama CF no superaba ese umbral, la sentencia amplía la interpretación: el vínculo laboral y la naturaleza del deporte profesional lo hacen aplicable.
El caso evidencia una brecha entre normativa y práctica. Muchos clubes aún carecen de formación en igualdad de género, gestión de conflictos y protección de menores. La condena no solo sanciona conductas individuales: exige una reforma sistémica en la gobernanza del fútbol femenino.
