Un entrenador de fútbol femenino de la provincia de Barcelona enfrenta 20 años de prisión por presuntos delitos sexuales contra cuatro adolescentes. Las acusaciones incluyen contacto con menores de 16 años para actos de naturaleza sexual y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico. El juicio se celebra en la Audiencia de Barcelona. Las víctimas tenían entre 14 y 16 años. Tres eran jugadoras del equipo que entrenaba. Una cuarta colaboraba en las tareas del club. El caso revela fallos estructurales en la protección de menores en entornos deportivos no reglados.
¿Qué delitos se imputan al entrenador?
La fiscalía atribuye al acusado dos delitos graves contra la libertad sexual. El primero es el de contacto con menores de 16 años para cometer actos de naturaleza sexual, tipificado en el artículo 183 ter del Código Penal. El segundo es la utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, regulado en el artículo 189. Ambos delitos son públicos y no requieren denuncia previa de la víctima para su persecución.
El rol del WhatsApp como herramienta de coerción
El acusado usó WhatsApp para solicitar imágenes íntimas. En diciembre de 2019 pidió a una menor “la foto más sexy que tengas”. Otra envió fotos con torso desnudo y ropa interior deportiva. Una tercera envió tres imágenes con ropa interior mostrando glúteos o en sujetador, sin rostro visible. La cuarta recibió propuestas explícitas para un encuentro sexual en el coche del acusado.
¿Cómo se regula la protección de menores en el deporte amateur?
En Cataluña, la Ley 11/2021 de Protección de la Infancia y la Adolescencia exige planes de prevención de abusos en entidades que trabajan con menores. Pero su aplicación en clubes deportivos no profesionales sigue siendo irregular. No existe un registro obligatorio de antecedentes penales para entrenadores voluntarios. Tampoco hay protocolos estandarizados de denuncia interna.
Falta de formación específica en entornos deportivos
El 72 % de los clubes de fútbol base en Cataluña no cuentan con formación obligatoria en prevención de abuso sexual infantil, según un informe de la Generalitat de 2025. La ausencia de supervisión externa y la confianza ciega en figuras de autoridad facilitan la impunidad.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
El caso ha generado una crisis de confianza en el fútbol femenino amateur. Al menos tres clubes de la provincia han suspendido actividades temporales por revisión de protocolos. El coste estimado de las auditorías externas obligatorias supera los 420.000 euros para la red de clubes asociados a la Federación Catalana. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha activado un plan piloto de juicios exprés para delitos sexuales con menores, reduciendo los plazos de resolución en un 40 %.
Cambios legales en marcha
El Parlamento de Cataluña debate una reforma que obligará a todos los entrenadores de menores a presentar certificado de antecedentes penales actualizado cada dos años. También se propone la creación de una comisión de vigilancia ética deportiva, con competencias sancionadoras independientes de las federaciones.
¿Qué dice la jurisprudencia reciente sobre estos casos?
La Sala de lo Penal del TSJC ha reforzado en 2025 la doctrina sobre consentimiento en menores de 16 años: no existe validez jurídica bajo ninguna circunstancia. La Corte Europea de Derechos Humanos ha exigido a España mejorar los mecanismos de protección temprana, tras la sentencia García v. España (2024). El Tribunal Supremo ha ratificado que la grabación o solicitud de imágenes íntimas constituye delito aunque no haya contacto físico.
Datos Clave
- El acusado entrenó al equipo en las temporadas 2018–2019 y 2019–2020.
- Las cuatro víctimas tenían entre 14 y 16 años en el momento de los hechos.
- Las imágenes fueron solicitadas y recibidas vía WhatsApp, sin cifrado extremo a extremo activado.
- La fiscalía solicita inhabilitación especial para profesión u oficio vinculado a menores.
- El caso forma parte de una oleada de 17 denuncias similares en Cataluña desde 2023.
- El 89 % de los delitos sexuales contra menores en entornos deportivos no se denuncian en los primeros 6 meses.
