El Gobierno español ha decidido implementar un conjunto de medidas fiscales para mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán. Este paquete de medidas, que se presentará en un Consejo de Ministros extraordinario, incluye una significativa reducción del IVA para los combustibles, pasando del 21% al 10%. Esta decisión busca frenar la escalada de precios de los carburantes, que ha afectado tanto a particulares como a profesionales en las últimas semanas. Fuentes gubernamentales han confirmado que el Ejecutivo se está enfocando en aplicar rebajas fiscales inmediatas en los combustibles, en lugar de optar por descuentos obligatorios como los que se implementaron durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.
Sin embargo, no todos los sectores están satisfechos con estas medidas. Desde ERC, se ha indicado que el Gobierno ha aceptado ofrecer una ayuda de 20 céntimos por litro, pero solo para transportistas y productores agrarios. Además, el paquete de medidas también contempla rebajas fiscales en la factura eléctrica, incluyendo una reducción del impuesto especial de la electricidad y la suspensión temporal de otro impuesto del 7% sobre la producción eléctrica. Las eléctricas y la gran industria han estado presionando para la eliminación definitiva de este gravamen, que consideran un obstáculo para su competitividad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto presentar estas medidas desde el Palacio de la Moncloa, pero el inicio del Consejo de Ministros se ha retrasado debido a la presión de los ministros de Sumar, quienes buscan incluir en el real decreto-ley medidas relacionadas con la vivienda y el control de beneficios empresariales. A pesar de las insistencias de este sector de la coalición, no se han incluido medidas específicas sobre el precio de la vivienda, lo que ha generado tensiones dentro del Gobierno.
En el ámbito del escudo social, se ha mostrado una mayor disposición para incluir propuestas de Sumar, como la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables y la ampliación de los bonos sociales eléctricos y térmicos. Se anticipa que los descuentos del bono social de la luz se incrementarán, beneficiando a los consumidores vulnerables con rebajas que podrían llegar hasta el 57,5%. Además, el real decreto incluirá deducciones en el IRPF para obras de mejora en la eficiencia energética de las viviendas y para la adquisición de vehículos eléctricos.
A pesar de estas medidas, el Gobierno ha decidido no extender las rebajas del IVA a la alimentación, a la espera de evaluar la evolución de los precios. Esta decisión se ha tomado tras reconocer que los resultados de la anterior rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel no fueron los esperados. En el área económica, se ha descartado la implementación de medidas en materia de alquileres, debido a la incompatibilidad con el Partido Popular y otros socios parlamentarios como Junts. Sumar ha insistido en la necesidad de prohibir desahucios sin alternativa habitacional y en la prórroga de los alquileres, pero el ala socialista del Gobierno se ha mostrado más cautelosa, sugiriendo que se valorarán medidas como el tope de los alquileres en futuros paquetes si la inflación repunta.
El decreto que se presentará se estructurará en dos partes: una centrada en las rebajas fiscales y el escudo social, y otra en medidas estructurales. Estas últimas buscarán activar mecanismos regulatorios y fomentar las energías renovables, con el objetivo de avanzar hacia la soberanía energética del país. La intención es impulsar la electrificación de la economía nacional, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles, cuya demanda ha aumentado debido a la escalada bélica en Oriente Medio.
El Gobierno está comprometido en dar un nuevo impulso a la electrificación y en facilitar el despliegue de energías renovables mediante cambios regulatorios e incentivos. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar la crisis energética actual y asegurar un futuro más sostenible para el país. La situación sigue siendo tensa, y se espera que las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros tengan un impacto significativo en la economía y en la vida diaria de los ciudadanos.
