La reciente propuesta del Gobierno español para incluir el derecho al aborto en la Constitución ha desatado un intenso debate político y social. Esta iniciativa, que busca reformar el artículo 43, ha sido objeto de críticas por parte de varios partidos, incluidos Podemos, PNV y Junts, quienes consideran que la medida podría significar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. La reforma plantea trasladar el aborto de la categoría de derechos fundamentales a los principios rectores de la política social y económica, lo que, según los críticos, disminuiría su nivel de protección.
### Contexto de la Propuesta
La propuesta del Gobierno se produce en un contexto donde el aborto ya es considerado un derecho fundamental, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/23. Esta resolución garantizó que el aborto está amparado por varios derechos fundamentales de la mujer, incluyendo la dignidad, la integridad física y moral, y la libertad e intimidad. La actual legislación sobre el aborto en España, que fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, subraya la importancia de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo como un aspecto esencial de su dignidad y desarrollo personal.
Sin embargo, el Gobierno ha optado por una reforma que, en lugar de reforzar estos derechos, podría debilitarlos. La decisión de no seguir la vía de una reforma agravada, que requeriría una disolución de las Cortes y un referéndum, ha generado descontento entre los socios del Gobierno. Muchos se preguntan por qué no se ha buscado una mayor protección del derecho al aborto, dado que la falta de una mayoría parlamentaria haría que cualquier intento de reforma, ya sea suave o agravada, fuera inviable.
### Reacciones de los Partidos Políticos
La reacción de los partidos de izquierda ha sido contundente. Podemos, liderado por Irene Montero, ha calificado la propuesta de «postureo» y ha expresado su preocupación por el retroceso que podría suponer para los derechos de las mujeres. Montero, quien fue una de las principales impulsoras de la Ley del aborto vigente, ha instado al Gobierno a reconsiderar su enfoque y a priorizar la protección de los derechos fundamentales en lugar de hacer concesiones políticas.
Por su parte, el PNV y Junts también han manifestado su incomodidad con la propuesta. Aitor Esteban, presidente del PNV, ha criticado la iniciativa, argumentando que el PSOE está llevando a sus socios a una situación de tensión interna innecesaria. Esta crítica se basa en la percepción de que el debate sobre el aborto ya estaba resuelto entre sus bases y votantes, y que la reforma del Gobierno podría reabrir viejas heridas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la propuesta, argumentando que es un paso necesario para garantizar la protección del derecho al aborto en un marco constitucional. Sin embargo, sus argumentos no han logrado convencer a muchos de sus aliados, quienes consideran que la reforma podría tener consecuencias negativas para la lucha feminista.
### Implicaciones Legales y Sociales
Desde un punto de vista legal, la propuesta del Gobierno plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del derecho al aborto en España. Si se aprueba la reforma, el aborto pasaría a estar regulado bajo principios rectores, lo que podría dificultar su invocación ante el Tribunal Constitucional en caso de disputas legales. Esto podría llevar a una disminución en la protección de los derechos de las mujeres, ya que los principios rectores no tienen el mismo peso legal que los derechos fundamentales.
Además, la reforma podría tener un impacto significativo en la percepción social del aborto en España. La inclusión del aborto en un marco de principios rectores podría ser interpretada como una señal de que el Gobierno no considera el derecho al aborto como una prioridad, lo que podría afectar la confianza de las mujeres en el sistema legal y en su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
En resumen, la propuesta del Gobierno para incluir el aborto en la Constitución ha generado un intenso debate que va más allá de la política. Las implicaciones de esta reforma podrían afectar profundamente los derechos de las mujeres en España, y la respuesta de los partidos políticos refleja la polarización del tema en la sociedad actual. A medida que avanza el proceso legislativo, será crucial observar cómo se desarrollan las discusiones y qué decisiones se toman en el futuro.
