La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha realizado una visita a la sede del Consejo General del Poder Judicial, donde se discutió la urgente necesidad de establecer nuevas unidades judiciales en la Comunitat Valenciana. Durante este encuentro, Martínez se reunió con la vocal territorial, Esther Rojo, para abordar la problemática que enfrenta el sistema judicial en la región, especialmente en lo que respecta a la violencia de género.
Uno de los puntos más críticos que se abordaron fue la creación de una nueva unidad especializada en violencia de género en el partido judicial de Xàtiva. La consellera destacó que los juzgados mixtos de la capital de la Costera están experimentando una sobrecarga de trabajo del 173%. Esta situación se ha visto agravada por la comarcalización que tuvo lugar en 2022, que trasladó los casos del partido judicial de Xàtiva a un nuevo juzgado especializado en Alzira, el cual también se encuentra saturado, según los profesionales del sector.
Martínez enfatizó que esta reforma ha resultado en una desprotección de las víctimas de violencia de género, creando más obstáculos en su búsqueda de justicia y fomentando la revictimización. La consellera planea enviar un nuevo escrito al Ministro de Justicia para actualizar la lista de necesidades de plazas judiciales, dado que la reunión que tuvo a principios de año con el ministro Bolaños no ha dado resultados concretos hasta la fecha, a pesar de las múltiples cartas enviadas.
En su primera carta, la Conselleria de Justicia ya había planteado la necesidad de crear un juzgado de violencia de género en Xàtiva. Durante el encuentro reciente, Martínez expresó su preocupación por la falta de plazas judiciales, una inquietud que comparte con Esther Rojo. Además, reiteró las solicitudes que había enviado al Ministro de Justicia en junio, donde pedía la creación de 40 plazas para jueces y magistrados, así como 30 para letrados de la Administración de Justicia, en respuesta a las necesidades derivadas de la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025.
La consellera subrayó la urgencia de la situación, afirmando: «No podemos esperar más. Necesitamos más medios para poder ofrecer una administración de Justicia adecuada a la realidad y necesidades de los valencianos, garantizando así la correcta prestación del servicio público de Justicia». Según informes del Consejo General del Poder Judicial, en la Comunitat Valenciana hay unidades judiciales que enfrentan cargas de trabajo superiores al 200%, llegando incluso al 300% en algunos casos. Esta situación es considerada intolerable e inaceptable por la titular de Justicia, quien se comprometió a buscar soluciones y a exigir lo que corresponde a la ciudadanía.
Martínez también cuestionó la desigualdad en la distribución de jueces en diferentes territorios, preguntándose por qué algunas áreas reciben un mayor número de jueces mientras que otras deben conformarse con una escasez de recursos. Esta disparidad en la asignación de nuevas plazas judiciales no solo es vista como una injusticia, sino que también contribuye a agravar los problemas reales que enfrenta la población en su acceso a la justicia.
La situación en Xàtiva es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la administración de justicia en toda la Comunitat Valenciana. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en los juzgados no solo impactan a los profesionales del derecho, sino que también tienen consecuencias directas en la vida de los ciudadanos que buscan justicia. La consellera ha dejado claro que es fundamental actuar de manera rápida y efectiva para abordar estas necesidades, y que la creación de nuevas unidades judiciales es una prioridad que no puede ser ignorada.
La consellera Martínez ha manifestado su compromiso de seguir luchando por una justicia más accesible y eficiente para todos los valencianos. La creación de un juzgado especializado en violencia de género en Xàtiva es solo una de las muchas demandas que se están planteando para mejorar el sistema judicial en la región. La situación actual exige una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades competentes, para garantizar que todas las víctimas de violencia de género y otros delitos reciban la atención y protección que merecen.
La comunidad espera que estas demandas sean atendidas con la urgencia que requieren, y que se tomen medidas concretas para aliviar la carga de trabajo en los juzgados y mejorar la administración de justicia en la Comunitat Valenciana.
